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Mexicali, B. C., viernes 20 de septiembre de 2019 / Redacción.- El Pleno del Poder Legislativo, avaló una proposición que exhorta al titular del Ejecutivo estatal, a informar si existe un convenio, donde se establezca algún acuerdo para el descuento vía nómina de los trabajadores del gobierno del Estado con la asociación civil, denominada, Centro de Estudios y Análisis Humanistas.
Asimismo, gire instrucciones a los responsables de la Secretaria de Planeación y Finanzas y de la Oficialía Mayor del Estado, para que rindan un informen y expliquen a cuánto asciende la cantidad total del dinero destinado a esta la asociación civil, producto de las deducciones realizadas a la nómina catorcenal de los trabajadores del Estado desde el año 2007.
De igual forma, esta Soberanía, aprobó la solicitud para que el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental realice una investigación sobre este hecho.
Además, se determinó citar a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de esta XXII Legislatura, al titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, a fin de enterar a este Poder de la situación detallada de esta situación.
Así como, a la unidad técnica del Instituto Nacional Electoral (INE), revise el tema de las cuotas voluntarias, realizadas a este organismo.
La propuesta presentada ante la máxima tribuna del Poder Legislativo, por la diputada Araceli Geraldo Núñez, señala que recientemente fue publicado en diversos medios de comunicación, una denuncia, donde se plantea que el Gobierno del Estado desde el año del 2007 a la fecha, aplica una deducción del 2 por ciento en el pago de nómina catorcenal, a una gran cantidad de servidores públicos que laboran en la dependencia estatal y en los ayuntamientos.
Dijo “resulta intrigante y a la vez sospechoso que dichas deducciones a la nómina catorcenal de trabajadores sean dirigidas a la cuenta de esta asociación civil”. Recalcó, este no es un tema de partidos si no un tema de dinero que afecta a los funcionarios públicos directamente en su bolsillo.
Desafortunadamente hay mucho temor por parte de los trabajadores del Gobierno del Estado a denunciar este tipo de acciones por miedo a ser objeto de hostigamiento laboral o en su caso a ser despedidos, subrayó.
“Uno de los mayores riesgos que pone en peligro el bienestar político, económico y social de la población en general, es la malversación de los recursos públicos para asuntos electorales o particulares. Es entonces que el desvío de recursos públicos se ha convertido en la mejor herramienta política de distintos actores, principalmente del gobierno, para enriquecerse a sí mismos, a alguna empresa, fundación o instituto político”, precisó.
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