Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de mayo de 2020 / Redacción.- A un año y 46 días que se aprobara por decreto constitucional la creación de la Guardia Nacional, y en el que se estipulaba en su transitorio quinto el uso de la Fuerza Armada Permanente para realizar tareas en materia de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, por un lapso de cinco años; acto que Movimiento Ciudadano declaro autoritario, transgresor de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, así como un paso radical a la militarización institucionalizada en nuestro país.
Hoy, a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, queda claro que esto no será una medida de excepción o un acto extraordinario, sino una regla por parte de la actual administración.
Nos oponemos contundentemente al fondo de este acuerdo, ya que más que nunca,necesitamos mantener unidas a las Instituciones de Seguridad Publica, que por mandamiento Constitucional son las encargadas permanentes de la seguridad pública en nuestro país.
El permitir ejecutar lo establecido en este acuerdo, en el sentido de que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destinara recursos de su presupuesto de este año y de los subsecuentes a las Fuerzas Armadas a fin de que estas últimasdesempeñen tareas de seguridad pública, no es un acto que fortalezca ni mucho menos que apoye a la consolidación de la Guardia Nacional, es todo lo contrario, se le estaríadebilitando, y fortaleciendo a contrario sensu a las Fuerzas Armadas.
No podemos omitir el mensaje que el Estado Mexicano manda a los cuerpos de policía del país y mucho menos a los integrantes de la Guardia Nacional, y el cual es desafortunado.
La seguridad pública es una función de carácter civil, no militar; no acatar este mandato constitucional vulneraria el sistema de pesos y contra pesos que regulan su estabilidad y atenta contra el sistema democrático instaurado en nuestra nación.
Reiteramos el llamado al Ejecutivo Federal para que desista de la intención de utilizar discrecionalmente los recursos que ya fueron asignados por mandato constitucional, debido a que con ello está propiciando la opacidad de los mismos, lo que se observa en este acuerdo que decreta se reasignen los recursos que ya se habían autorizado a la SSPC y que esta misma los reoriente a las Fuerzas Armadas por hacer funciones de seguridad pública, lo cual permitiría a esta última disponer de ellos arbitrariamente, sin omitir que estas son dependencias consolidadas que cuentan con recursos y capacidades propias.
La respuesta inmediata, y al parecer única opción para esta administración, no debe ser fortalecer únicamente a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, función por cierto finita, sino robustecer las capacidades de todas las instituciones en la materia en los ámbitos federal, estatal y municipal, recordemos que la respuesta de la crisis de seguridad que vivimos, no la tienen las fuerzas armadas de manera exclusiva.
Lamentamos que el gobierno federal publique este tipo de acuerdos en medio de una de las emergencias sanitarias más grandes de nuestro país, ya que además de plantar la semilla de la confusión, polariza aún más a la sociedad.
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