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Mexicali, Baja California; lunes 27 de julio de 2020 / Redacción.- En el marco de la presentación del proyecto de dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, respecto a diversas iniciativas de reforma a la Ley de Educación del Estado de Baja California, incluyendo la propuesta de una nueva Ley de Educación, este lunes se llevó a cabo conferencia de prensa conjunta de partidos políticos de oposición en Baja California y organismos de la sociedad civil, para manifestar la siguiente postura.
“Al día de hoy no existen las condiciones para tener un producto legislativo como el Estado de Baja California lo requiere”, manifestó la diputada Eva María Vásquez Hernández, como representante del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado.
La legisladora señaló que, si bien es cierto, se han realizado múltiples ejercicios con sociedad civil organizada, a través de diversos organismos como la Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE), COPARMEX, representantes de los particulares que imparten educación, así como de gremios sindicales, por quienes existen diversas observaciones planteadas, sin embargo, el proyecto de dictamen no atendió totalmente las mismas.
“Es importante incluir y mejorar el tipo de participación y alcances de todos los actores involucrados en la educación, en un tema que nos vincula a todos, que nos lleva a dar un paso importante, regionalizando la propuesta de armonización de acuerdo a las necesidades de cada entidad”, externó.
Vásquez Hernández indicó algunos de los aspectos por los cuales no debe aprobarse este proyecto, como por ejemplo, que existe una disminución en la participación y atribuciones de las asociaciones de padres y madres de familia; se imponen cargas excesivas y restricciones a las instituciones de educación superior; se imponen planes, programas de estudio en el que se sigue el modelo de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, misma que estaría afectando libertades y derechos de particulares al imponer obligaciones e ideologías específicas.
Asimismo, agregó que no queda claro el concepto de la llamada “educación informal”, que no tiene validez curricular; se establece un sistema sin distinguir la forma de pago de maestros inscritos a ISEP y SEBS; se establecen sanciones excesivas a particulares que presten el servicio de educación, como multas por no utilizar los libros de texto autorizados o la retención de documentos por falta de pago de colegiaturas; entre otros temas.
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