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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE MAYO 2021 / Redacción.- Para que no repitan casos como el de la ex primera dama de Baja California, Branda Ruacho de Vega, que más que justicia parece un acto de impunidad, la senadora Nancy Sánchez Arredondo propuso reformas al Código Penal Federal para que quienes desvíen recursos públicos no alcancen la libertad preparatoria y lleven su juicio en prisión.
Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 85, para incorporar el delito de peculado y evitar la libertad preparatoria para funcionarios públicos, incluyendo con cargos honoríficos pero que administren recursos públicos.
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Asimismo, en el documento se prevé que las sanciones establecidas en el artículo 223, se cumplan sin que ello implique evitar la prisión por resarcir los daños ocasionados, tal y como se establece en el artículo 30 del Código Penal.
La senadora del Grupo Parlamentaria de Morena señaló que con esto garantizaremos dos cosas: Recuperar los recursos desviados, obligar el cumplimiento de los castigos penales en contra de aquellos funcionarios que afectaron la integridad de la población a través de actos de este tipo y evitar que aquellos ciudadanos que ocupen cargos de tipo honorífico y que use o decidan sobre recursos públicos queden impunes ante actos de esta naturaleza.
“La ejecución de una sentencia que obligue a cumplir tiempo en prisión y además a resarcir el daño, servirá para dar un fuerte mensaje en contra de la corrupción y marcar un hito para esta Legislatura y esta administración.
“Con esto lograremos erradicar actos de desvío de fondos que afecten a más población, sobre todo el segmento de la población más vulnerable, como los niños, las niñas, las madres solteras o maltratadas, entre otros”, señala la propuesta que se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.
La iniciativa precisa que uno de los actos que más dañan a las y los mexicanos, tienen que ver con la malversación de fondos, el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito a costa del presupuesto federal.
Lamentablemente, advierte, este tipo de delitos resultan más graves cuando afectan grupos vulnerables como niños con cáncer, pueblos y comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia, grupos campesinos, migrantes, así como aquellos programas que maneja el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) directamente y su equivalente en las entidades federativas.
En el documento, la senadora Sánchez Arredondo cita el caso de Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, quien, durante su cargo honorario como presidenta del Sistema DIF estatal, captó donaciones destinadas al bienestar social para la construcción y operación de una Estancia Familiar que nunca entregó al DIF Estatal, reteniéndolas en forma ilegal a través de cuentas personales.
No obstante, recuerda, a finales de abril del año en curso la ex primera dama, logró un acuerdo reparatorio de daños con la Fiscalía General del Estado para devolver 6.8 millones de pesos por haber realizado desvíos de recursos destinados al DIF, hacia cuentas personales, afectando a madres y niños de la entidad.
Señala que actualmente el Código Penal Federal, establece las condiciones por las cuales las y los funcionarios que hayan incurrido en el desvío de fondos para enriquecimiento ilícito, puedan librarse de su responsabilidad penal a través de acuerdos con la Fiscalía a modo de resarcir los daños.
“Por lo tanto, no importa la cantidad de fondos que uno desvíe como funcionario público o servidor honorífico, mientras cuenten con la cantidad suficiente para resarcir el daño imputado, la o el culpable podrán librar la prisión y evitar cualquier otra pena que amerite por haber incurrido en actos de corrupción, particularmente en casos de desvío de fondos.
“En otras palabras, contar con los recursos suficientes para recuperar o “pagar por los daños ocasionados”, es más que suficiente para que los culpables se mantengan libres, mientras que la población afectada continúe sin recibir los apoyos o transferencias a través de los recursos que transfiere el Estado a través de distintos programas o acciones”, subraya en la propuesta.
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