“Está claro que al Ayuntamiento de Tijuana le bajaron la instrucción de no entregar dicho documento por cuestiones meramente políticas”, dijo sobre la respuesta firmada por el secretario Carlos Mora.
No sólo se están transgrediendo los derechos de Julián Leyzaola, también están violando la Constitución federal, la Ley electoral local y los reglamentos municipales con una respuesta indebida e insuficientemente fundamentada, subrayó el también abogado.
“Es obvio que el gobierno municipal está utilizando el acceso a un derecho como un instrumento de control político. El gobierno quiere monopolizar la decisión de quien participa o no en un proceso electoral, generando, una vez más, un atropello a la democracia en Baja California”, lamentó.
El trámite para solicitar la carta residencia puede ser realizado por un representante del partido político del interesado, que en este caso fue hecho por Alfredo Ferreiro, dirigente de Encuentro Solidario (PES) en Baja California.
El artículo 148 de la Ley Electoral dice: “Las autoridades municipales competentes, una vez reunidos los requisitos del caso, están obligados a expedir, en forma gratuita y a petición escrita de los partidos políticos, las constancias que acrediten la residencia y tiempo de la misma”.
“Hoy nos encontramos ante las barreras de intereses políticos que se imponen al deber de los funcionarios públicos de hacer cumplir la Ley. Es lamentable que estos que anteriormente fueron ciudadanos críticos de las malas acciones de los pasados gobiernos, ahora sean serviles funcionarios con las mismas malas mañas”, concluyó Héctor Cruz.
Se realizó la entrega de las constancias a las 26 personas privadas de la libertad participantes, quienes recibieron orientación sobre diversos temas Tecate, B.C. A 9 de mayo 2024 / Redacción.- La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE) y el Instituto de la Juventud del Estado unieron esfuerzos [...]
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